[Lisfauba] CaLiSA repudia los reiterados golpes a la agricultura familiar

[Facultad de Agronomía UBA]

Desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, manifestamos
nuestra preocupación por la situación que atraviesan el CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria), el SENASA (Servicio Nacional de
Sanidad Agraria), el INASE (Instituto Nacional de Semillas), el INAFCI
(Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), y la
DIPROSE (Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales).

Desde 1956, el INTA cuenta con una destacada trayectoria en la generación y
transferencia de tecnología, la investigación y la extensión junto a
productores agropecuarios de todo el país. Su labor se acrecentó gracias a
la conformación de estaciones experimentales, agencias de extensión,
programas como ProHuerta y Cambio Rural, y el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF).
Desde 1958, el trabajo del CONICET se ha destacado por su calidad y
cantidad. Es considerada la primera institución gubernamental de ciencia de
Latinoamérica, y se ubica en el lugar número 20 entre las 1870
instituciones gubernamentales dedicadas a la investigación en todo el mundo.
Desde 1968, el SENASA se encarga de fiscalizar y certificar la calidad e
inocuidad de los productos, subproductos, insumos y residuos del sector
agropecuario. También abarca la aplicación del Código Alimentario Argentino.
El INASE, creado en 1978 como Servicio Nacional de Semillas, cumple la
función de fiscalizar y controlar la calidad e inocuidad de las semillas y
las creaciones fitogenéticas, y es la autoridad de aplicación de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
El INAFCI fue creado el año 2022, sobre la base de una trayectoria de
trabajo iniciada el año 1993 por el Programa Social Agropecuario, y
continuada por la Secretaría de Agricultura Familiar, Su reciente
eliminación pone en riesgo la continuidad de más de 30 años de trabajo
junto a más de 250 mil familias de comunidades rurales
La DIPROSE, creada el año 2018 sobre la base de la Unidad para el Cambio
Rural (UCAR), trabaja desde hace más de 25 años financiando los programas
de desarrollo rural de todo el país con el financiamiento de organismos
internacionales. Actualmente, con una cartera de más de U$S 1.700 millones,
es la principal fuente de recursos para desarrollar obras de agua,
infraestructura y conectividad, y dotación de tecnología e insumos.

El entramado de instituciones mencionado está padeciendo el despido de sus
trabajadores, el desfinanciamiento de sus actividades, y en el caso de la
DIPROSE y el INAFCI el riesgo de desaparición. El trabajo conjunto que
abordan en materia de apoyo técnico, acompañamiento y financiamiento a los
productores de la agricultura familiar, campesina e indígena fortalecen su
acceso a los componentes de la riqueza de los territorios rurales, para que
puedan ser demandados y ofrecidos en mercados a los cuales accede toda la
comunidad.

La reducción de estos espacios institucionales desvirtúa la participación
democrática directa de todos los productores de alimentos en la política de
desarrollo agropecuario. Si no defendemos este trabajo, en muchos casos
sostenido por estudiantes, docentes y graduados de nuestra casa de
estudios, la pobreza puede modelar las formas de vida, expectativas,
visiones y proyectos de cientos de miles de familias rurales en un continuo
estado de precariedad.

La solidaridad aparece como planteo para superar la experiencia de la
precariedad, y rompe la mirada utópica sobre la autorregulación de un
mercado libre de interferencias y regulaciones estatales y/o sociales. Los
pilares fundamentales para la conformación de asociaciones formales e
informales de la agricultura familiar, campesina e indígena son, por lo
tanto, los principios de asociatividad, cooperación, solidaridad,
autogestión, reciprocidad y democracia. Se reconocen los productos y
servicios a través de una retribución justa, y de la valoración de su
contribución a la sociedad con condiciones dignas de trabajo.

Trabajar con la agricultura familiar, campesina e indígena desde la
soberanía alimentaria, la agroecología y la economía social, es posible en
la multiplicidad de instituciones estatales mencionadas. Las mismas
flexibilizan y rediseñan los planteos técnicos en función de las
experiencias exitosas, fallidas y/o con dificultades para sostenerse en el
tiempo. La jerarquización de la agricultura familiar, campesina e indígena,
y su integración gracias al diseño de programas específicos de apoyo
técnico y financiamiento, visibilizaron a un sector postergado y agilizaron
el emprendimiento de múltiples estrategias para desarrollar los territorios
rurales, incluyéndolos como sujetos políticos y agentes económicos
relevantes.

Históricamente nos hemos preguntado ¿qué política de desarrollo
agropecuario resulta más eficiente? Ahora se nos pregunta ¿debe haber una
política de desarrollo agropecuario? Desde la Cátedra Libre de Soberanía
Alimentaria de la FAUBA consideramos que sí, y que de ninguna manera puede
desatender a ninguna de las instituciones mencionadas, y a su labor con la
agricultura familiar, campesina e indígena con la Soberanía Alimentaria
como horizonte.

CÁTEDRA LIBRE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
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